|
Los hechos acontecidos
durante el siglo 20 han demostrado, definitivamente, que los
sistemas representativos, como la democracia
habitual, no funcionan porque no son capaces de
autogestionarse y la corrupción es inherente a ellos. Lo
mismo sucede en el sector público, en el privado y en el
social.
España se ha convertido en
un país dominado por la corrupción pública (fiscales,
jueces, políticos y otros funcionarios) que vulnera la soberanía
popular, el propio Estado de Derecho y los derechos y
libertades individuales, perjudicando el
interés general e impidiendo el progreso colectivo y el bienestar de
las personas.
Por ello, aparece este
proyecto con la única intención de limitar la incompetencia
y la corrupción pública mediante la creación del TRIBUNAL SOBERANO.
Para ello, se propone modificar la
Constitución española -y la de otros países- para que
recojan esta figura en unos términos
similares a los que aparecen en
texto constitucional.
Además, un reglamento propio formado por normas adicionales.
Tal vez la aparición del
TRIBUNAL SOBERANO deba modificar el contenido de otros artículos
de la Constitución española o de la de otros países.
Si seguimos
dejando la Ley y el orden en manos del sector público
estaremos consintiendo la incompetencia y la corrupción; en
definitiva la decadencia de nuestras sociedades.
|